El Parlamento Europeo acaba de aprobar esta semana la nueva directiva
sobre informes no financieros.
Las empresas cotizadas con más de 500 empleados y un balance por encima de 20 millones de euros o ventas anuales de más de 40 millones deberán reflejar sus impactos sociales, medioambientales y políticas de gobierno corporativo.
Aproximadamente, unas 6.000 empresas europeas.
Aspectos a incluir, entre otros: salud y seguridad, gases de efecto invernadero, usos de energías alternativas, consumo de electricidad y de agua, condiciones laborales, implantación de derechos sindicales, diálogo con las comunidades locales, medidas sobre prevención de abusos de derechos humanos o lucha contra la corrupción.
Interesante el énfasis que se hace sobre la diversidad en órganos de gobierno, dirección y supervisión con respecto a asuntos como edad, sexo, procedencia geográfica, formación o experiencia profesional. Incomprensiblemente, indicadores sobre discapacidad no han sido incluidos a pesar de ser considerados por la propia Unión Europea como una de las principales causas de discriminación.
No obstante, queda la posibilidad de que éstos sean incorporados por los estados miembros en sus respectivas transposiciones de la directiva a sus sistemas legales.
Para la elaboración del informe no se especifica ningún formato.
La Comisión tiene previsto, eso sí, publicar una guía (no obligatoria) antes de mayo de 2016.
Las empresas que decidan no publicar el informe serán libres de ello pero deberán explicar porqué no lo hacen.
Se trata de una gran noticia que reafirma la importancia de la transparencia de criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el crecimiento sostenible, integrador y equilibrado.
Una señal clara a los mercados de que aspectos no financieros son esenciales en sus resultados económicos. Cuantas más luces y taquígrafos menos probabilidades de fraudes, corrupción y comportamientos cortoplacistas miopes.
JUAN Royo 20/04/2014 El Periódico de Aragón
Las empresas cotizadas con más de 500 empleados y un balance por encima de 20 millones de euros o ventas anuales de más de 40 millones deberán reflejar sus impactos sociales, medioambientales y políticas de gobierno corporativo.
Aproximadamente, unas 6.000 empresas europeas.
Aspectos a incluir, entre otros: salud y seguridad, gases de efecto invernadero, usos de energías alternativas, consumo de electricidad y de agua, condiciones laborales, implantación de derechos sindicales, diálogo con las comunidades locales, medidas sobre prevención de abusos de derechos humanos o lucha contra la corrupción.
Interesante el énfasis que se hace sobre la diversidad en órganos de gobierno, dirección y supervisión con respecto a asuntos como edad, sexo, procedencia geográfica, formación o experiencia profesional. Incomprensiblemente, indicadores sobre discapacidad no han sido incluidos a pesar de ser considerados por la propia Unión Europea como una de las principales causas de discriminación.
No obstante, queda la posibilidad de que éstos sean incorporados por los estados miembros en sus respectivas transposiciones de la directiva a sus sistemas legales.
Para la elaboración del informe no se especifica ningún formato.
La Comisión tiene previsto, eso sí, publicar una guía (no obligatoria) antes de mayo de 2016.
Las empresas que decidan no publicar el informe serán libres de ello pero deberán explicar porqué no lo hacen.
Se trata de una gran noticia que reafirma la importancia de la transparencia de criterios de Responsabilidad Social Corporativa (RSC) en el crecimiento sostenible, integrador y equilibrado.
Una señal clara a los mercados de que aspectos no financieros son esenciales en sus resultados económicos. Cuantas más luces y taquígrafos menos probabilidades de fraudes, corrupción y comportamientos cortoplacistas miopes.
JUAN Royo 20/04/2014 El Periódico de Aragón